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MISION DE LOS PP. DOMINICOS.—CAPITULO IV 267 donación real, privando a los frailes así de las parcelas Sta. Catalina y S. Jacinto, necesarias por sus potreros, para la subsistencia de la finca, como del monte de la Pedregosa, que la proveía de leña, y de la posesión y ganados de los Cacutes, sus dependientes. Los frailes re- clamaron y durante todo el año de 1777 se evacuaron en Mérida dili- gencias probatorias de la necesidad que tenía la finca de todas esas parcelas, que eran su parte integrante, pues aunque Sta. Catalina y S. Jacinto estaban del otro lado de Chama las unía al cuerpo principal de la hacienda un sólido puente, construido por los jesuitas, y la Pe- dregosa era necesaria para el suministro de madera y leña: fueron principales actores eh estas diligencias y otras anteriores, D. José An- tonio Luzardo, Teniente de Gobernador en Mérida (1774), el Dr. An- gel Rangel, D. José Quintero Príncipe, el Alcalde Ordinario de Mérida D. Gerónimo Fernández de la Peña, D. Fernando (le Paredes, D. An- tonio Dávila y Molina, al Alcalde (le la Santa Hermandad D. José Igna- cio Briceño y Peralta, y principalmente "el Padre Uzcátegui". El pro- ceso fué resuelto en Santafé, mas representaron los dominicos contra la resolución ante el Virrey, pues aunque se les habían adjudicado las parcelas se les había cargado el imposible sostenimiento de la escolta de Apure; y el dicho Virrey admitió la nueva representación, y la concedió y remitió al Capitán General de Venezuela, por haber sido agregada entonces a la jurisdicción de éste la Provincia de Maracaibo: de ahí que la Junta de Temporalidades de Caracas fallara en definiti- va en la aludida reunión (le 5 de octubre de 1779 a favor (le los Do- minicos, como lo pedía ci Provincial Fr. Manuel Cándido Torrijos, trasladado a la capital venezolana para terminar este dilatado negocio. En cuanto a las disposiciones de la dicha cédula de 1773 relativas a la escolta, todavía en 1780 estaban sin cumplimiento, a pesar de los decretos del Virrey y Junta de Santa fé, expedidos en 28 de abril y 22 le noviembre de 1777, favorables al particular, y de comisión despa- ada por el Capitán General de Venezuela al Gobernador de Mara- caibo, a fin (le que se hiciesen los cálculos necesarios para su provi- sión y este retardo de siete años en el cumplimiento de tan importante medida causó 'la agonía de las misiones de Apure, que ya contaban con "siete floridissimos pueblos", y atrasó notablemente a los de Ba- rinas: tal decaecimiento se experimentadd en ellas desde que se les adjudicó la escolta de la guarnición de Guayana, alrededor de 1767. Trabajaba con ímpetu por remediar tamaños males, el Provincial Fr. Manuel Cándido Torrijos, quien había llegado a Caracas desde mayo de 1779 y en marzo del año siguiente representaba tan grandes necesi- dades al Capitán General Onzaga. Poco debió ser el resultado obtenido por este Provincial y los que le siguieron: las misiones no lograron florecer definitivamente: entre 1785 y 1790 se quejaba el Gobernador de Barinas de que "los pueblos de S. MigI., Sta, Barbara, Sta. Catalina de Otopum, S. Antonio, S. Sebas-