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En 1972 apremia el superior JOSE ANTONIO OROQUIETA al viceprovincial, Santiago Ramírez, la legalización de bienes muebles e inmuebles de la fraternidad de Santa Ana (39). Y en 1974, el vice– provincial Ramírez al síndico de Guayaquil, Federico Oporto, que eleve a escritura pública la donación del solar, entre calle 24 y Febres Cordero, hecha por la M. I. Municipalidad de Guayaquil a la Orden capuchina (40). AÑOS 1975--1980.- Sugiere el P. Néstor Zubeldía, rector del colegio " Guillermo Rohde", que podrían ofrecerse al Ministerio de Educación Pública los locales del "Liceo Santa Ana" para media jornada diaria. Con ese acto de liberalidad, podría granjearse el beneplácito del ministro, doliente por la falta de edificios escolares, y sacar algún provecho, siquiera mediano, por derechos de aiTendamiento. No se obtuvo respuesta a la prirn.era invitación. La segunda se tradujo en un contrato que se firma el día lro. de abril de 1975 entre el dirnctor del centro, Santiago Lazcano, y el Ministro de Educación Pública y Deportes, Guillermo Durán, por término de 4 años, al precio ruinoso de 9.000 sucres mensuales. Se dejan a su disposición 14 aulas y las canchas, desde las 13'45 a las 18'30 horas de los días hábiles. La parte arrendataria completará el mobiliario que le interese. Al expirar el plazo, esa y otras mejoras quedarán paxa el Liceo Santa Ana (41). Se denomina el nuevo inquilino "Colegio Provincia de Bolívar", de segunda enseñanza. Al año del convenio, Lazcano parece arrepentido; pues aunque no fueran de este colegio, una pandilla de muchachos apedrearon a sus barbas tan briosamente el edificio, que redujeron todos los ventanales a su esqueleto de marco y bastidor. Y opina Lazcano que tal no hubiera sucedido de haberse mantenido en su ser primero y simple el "Liceo Santa Ana" (42). Una vez cumplido el cuatrienio, el viceprovincial Benito Andueza denuncia el contrato de arriendo, dándolo por extinguido, en sendos oficios al rector de "Provincia de Bolívar", Iván Pazmiño, y a la directora provircial de educación, Olga Aguilar Garcés (43). Le sirve de pretexto para r.egarse a la renovación, la necesidad patente que presenta el edificio escr.ela, amenazado de ruina. Por galantería concede un plazo de total desalojo hasta el mes de abril, fecha en que se abre el período de matrícula. Ni oficios ni visitas personales aprovechan. Consultado el abogado Dr. Pincay, responde (marzo de 1980) que no se pueden cerrar las puertas a la institución docente "Provincia de Bolívar" por falta de causas legales para desahuciar al inquilino (44). 333